De la Portilla, un delincuente empedernido ¿Ahora por qué partido?

Mar 1st, 2010 | By | Category: Articulos Destacados

Altamira.- Un consumado delincuente, ex presidiario de Tamatán y Andonegui, quiere ser una vez más diputado local

Juan Genaro de la Portilla Narváez ya fue alcalde dos veces (aunado a la de su esposa Romana), y aún así convulsiona el municipio en su hambre personal de volver a tener el poder, después de pasar, también en dos ocasiones, por el Congreso del Estado.

Las dos últimas incursiones de éxito se las debe al ex Gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien lo sacó del penal de Tampico para hacerlo alcalde y luego diputado, pese a las limitaciones mentales del cetemista.

En ocasión, la maestra Elva Gallegos, ex gerente de la Comapa de Altamira, definió los «atributos» de Genaro: «Si uno lo deja en una mesa para que converse, no sabe qué decir ni qué hacer».

Genaro tiene su historia delincuencial, de tal forma que fue desaforado del legislativo para que la Procuraduría de Justicia pudiera enjuiciarlo.

Pese a que huyó a los Estados Unidos fue capturado en Brownsville, Tx. y conducido al penal de Victoria donde permaneció tres meses y luego fue remitido al puerto a seguir su proceso por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y peculado, por los cuales nunca debió haber salido en libertad.

Portilla había sido alcalde en el ciclo 1990-92 cuando era Gobernador Américo Villarreal Guerra y todavía vivía el líder cetemista Fidel Velázquez Sánchez, su protector.

Al siguiente trienio lo hicieron diputado local por el XII distrito, de donde sería desaforado.

Llegó por primera vez a la alcaldía con apenas la experiencia de secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores de Altamira (CTM).

Su cuento era que dirigía un presunto sindicato de empleados en escuelas particulares de Tamaulipas, cuando en realidad era el dueño de dichas escuelas en la zona conurbada.

También decía presidir el sindicato de salineros de Lomas del Real, de Altamira, cuando era y es el dueño de mil 200 hectáreas de salineras en Matamoros, Aldama y la zona sur de la entidad.

De la Portilla fue enjuiciado y llevado a los tribunales por un peculado millonario, incalculable, pues se autorrentaba tres máquinas retroexcavadoras a razón de 25 millones de viejos pesos por mes.

Estuvo preso hasta que fue rescatado por su amigo Yarrington en la jornada electoral de 1998.

LA DANZA DE LOS MILLONES

El ex alcalde fue despojado de su fuero con fecha 21 de diciembre de 1994 en sesión plenaria del Congreso del Estado, para darle oportunidad a las autoridades de enjuiciarlo por los delitos que cometió como alcalde.

La petición de declaración de procedencia de enjuiciamiento penal, había sido presentada por el Procurador César Ceballos Blanco con fecha 17 de diciembre de ese mismo año.

Los integrantes de la Comisión Instructora, presidida por Juan Alonso Camarillo, duraron dos días en sus deliberaciones.

En realidad, Genaro tenía en su contra dos averiguaciones penales, una con el número 104/994, cuyo denunciante es Leonardo Muñoz Padrón, por el delito defraude en grado de tentativa, que incluía además como acusado a Alfredo Pliego Aldana, perredista de Madero.

Aquí, en este expediente, sus compañeros legisladores consideraron que el ex presidente no debería ser enjuiciado, al menos durante su periodo de diputado. A la vez, se instruía a la Procuraduría a seguir la averiguación en cuanto al acusado se le terminara su periodo por el que fue electo (se desconoce si hubo la continuación).

La siguiente averiguación era la número 15/993, relacionada con la denuncia de hechos formulada por José Rodríguez Medina por los delitos de ejercicio abusivo de funciones, peculado y los que resulten.

Finalmente, el pleno dio su aprobación a la Comisión Instructora y el acuerdo comenzó su vigencia con fecha 21 de enero de 1995, luego de publicarse en el periódico oficial del estado.

La remoción del fuero trajo consigo la consignación de cuando menos 30 personas del equipo íntimo de Juan Genaro, incluyendo a su tesorero Ignacio Lara Rodríguez y a otro de sus cómplices de nombre Jesús Antonio Hernández Guerrero.

El procedimiento para agenciarse los recursos públicos era muy sencillo: Genaro y su gente compraron maquinaria con recursos del ayuntamiento, y se la rentaban a la vez al ayuntamiento para hacer obras fantasmas.

Claro que la autorrenta traía consigo los autopagos, según las indagatorias que hizo la Procuraduría antes de turnar el expediente a un juez.

No está bien definido cuánto dinero distrajeron de la administración pública, pero según la averiguación fueron  millones, que se fueron pagando con recursos del municipio.

El instrumento fue una empresa fantasma que manejaban Genaro, el Tesorero y otros colaboradores del municipio.

COMPRARON CON DINERO PUBLICO

Cabe advertir que  las averiguaciones de la Procuraduría no eran nuevas, puesto que habían comenzado desde el 26 de julio de 1993, cuando José Rodríguez Medina ratificó su denuncia por los hechos que consideraba como delito.

Señalaba en el documento que, en su último informe rendido ante la ciudadanía, Portilla Narváez habló de diversas obras públicas que se encontraban concluidas, cuando en realidad ni siquiera se habían iniciado.

Esto conllevó a establecer asimismo, que el grupo delincuencial había comprado tres máquinas con recursos públicos, que se le rentaban al municipio, y que presuntamente habían realizado las obras fantasmas.

Las máquinas retroexcavadoras se compraron ante la Empresa Maquinaria Diesel, S.A. de .C. V. (Madisa) de Tampico, y se estuvieron pagando en abonos, con recursos que también salían de la Tesorería Municipal, según lo pudo establecer la Procuraduría durante la averiguación.

El gerente general de la empresa, Armando Cueto Talamantes, y la cajera María del Socorro González, confirmaron que expidieron las siguientes facturas.

-No. 298 con fecha once de marzo de 1991

-No. 350, del diez de julio del mismo año

-No. 393, sin fecha

Dichas facturas se expidieron a nombre de J. Antonio Hernández Guerrero y/o licenciado Ignacio Lara Rodríguez y/o Juan Genaro de la Portilla Narváez.

La primera amparó una retroexcavadora modelo 416, serie C12850, a nombre de los tres señalados.

Para los mismos beneficiarios fue la siguiente retroexcavadora, del mismo modelo, pero con la serie 5PC13492.

En cuanto a la tercer factura (sin fecha), fue expedida indistintamente a nombre de los funcionarios, y es una retro de modelo similar.

El gerente dijo haber atendido personalmente en la agencia Madisa a los compradores, cuando realizaron la operación.

CREO EMPRESA FANTASMA PARA DELINQUIR

La banda delictiva encabezada por Juan Genaro de la Portilla, cometió los delitos en perjuicio del erario público con toda premeditación y  alevosía, dándose el tiempo suficiente y hasta firmando pagarés.

La Procuraduría registró la declaración de María del Socorro González, cajera de la empresa Madisa, quien estableció que, para obtener las tres máquinas retroexcavadoras, el grupo firmó ocho documentos a plazos de un mes, y lo hizo precisamente Juan Genaro.

Quedó establecido que dichos documentos se irían cubriendo o pagando a la fecha de su vencimiento, como lo hizo el propio Juan Genaro, en efectivo.

Por su parte, quien era el jefe de nóminas del municipio, Rubén Darío González, dejó establecido que por instrucciones de su jefe inmediato, en este caso el tesorero Ignacio Lara Rodríguez, concurrió cuatro veces a Madisa a hacer pagos de cheques de la maquinaria.

Desde el ayuntamiento salía con cheques, pero antes pasaba por el Banco Obrero, donde estaban las cuentas del ayuntamiento, y cambiaba efectivo para cubrir los documentos.

Y es que, el grupo, creó una supuesta empresa que en un principio se denominó «Rubén Darío González Martínez, Renta de Maquinaria y Equipo», con lo cual se cobraban los presuntos servicios prestados al ayuntamiento.

En su declaración, González dijo que cada vuelta que daba hacía pagos por 20 mil pesos que provenían de la tesorería.

También firmó muchas más facturas por la prestación de servicios al municipio, cuyos cheques le cubría de inmediato la Tesorería, pero a la vez los endosaba en favor de Ignacio Lara Rodríguez.

Según esto, Rubén Darío nunca fue dueño de maquinaria ni las facturas del equipo salieron a su nombre, y es más, ni siquiera lo tomaron en cuenta para la elaboración de las facturas en las que aparecía su nombre, sino que las firmó por instrucciones del alcalde y su jefe Lara.

Con todo ello se estableció que los agravios al erario no fueron casuales sino premeditados, y el jefe la banda era el propio alcalde.

Tan es así que, el propio Tesorero Lara, además de Rubén Darío, anduvo buscando «socios» para las maniobras de sustracción del dinero del municipio.

El otro de los inculpados, Jesús Antonio  Hernández Guerrero, dijo que en alguna ocasión, en 1991, Lara Rodríguez lo invito a formar parte de un negocio de renta de maquinaria.

Sin embargo se deslindó  y dijo que las facturas del equipo no salieron a su nombre sino de Lara y Genaro de la Portilla, pero estos, para tratar de evadir responsabilidades, las endosaron a su nombre.

Dejó bien claro ante los investigadores que él nunca se dedicó a la renta de equipos, y las máquinas fueron pagadas totalmente con dinero de la presidencia de Altamira.

UN PECULADO INCALCULABLE

El peculado en perjuicio de la hacienda municipal fue incalculable, según las investigaciones, pues se supone que Hernández Guerrero, aparte de las retros que tenía, hay evidencias de que ya cobraba por más equipos, por ejemplo traxcavos, como se demostró en las facturas pagadas por la tesorería, y que supuestamente endosaba en favor del tesorero y del alcalde.

La empleada Evelia Garfias García, era la encargada de revisar las facturas en la Tesorería sobre la renta de maquinaria para la realización de obras. Dijo recordar que en muchas ocasiones pagó facturas mediante cheque de la cuenta de la presidencia a Rubén Darío González.

Asimismo dijo que ella no estaba enterada que tal persona se dedicara a la prestación de tales servicios, pero de todas maneras se cubrían pues eran instrucciones de los jefes.

De esta manera reiteró que los únicos autorizados para firmar cheques de la cuenta del Banco Obrero, eran Genaro y Lara Rodríguez.

La quita de los ceros al peso agarró en sus negocios a la banda delictiva.

Así por ejemplo, Guerrero cobró gruesas sumas entre julio de 1991 y julio de 1992. Esto, solo en los documentos probatorios que se hallaron en la Tesorería.

Por deducción se entiende que, si cobraban 75 mil pesos (nuevos) por las tres máquinas, cada mes, en un año los cobros fueron por 900 mil pesos de los nuevos.

Una evidencia más de la maniobra: Todas las facturas que se expidieron de la fantasmal empresa, fueron a nombre del ayuntamiento, al menos de la uno a la doce, como se auditó, que bien pudieron haber sido más, si la administración culminó en diciembre de 1992.

La factura 001 se expidió con fecha nueve de julio de 1991 y amparó la cantidad de 20 mil pesos.

Se «perdió» la 002 y la 003 tiene fecha siete de agosto de ese mismo año por la propia cantidad.

Durante el resto de 1991 Hernández Guerrero siguió haciendo cobros por presunta renta de traxcavo.

El nueve de enero de 1992 entró la factura 007 por 25 mil más, y la de febrero sumó 50 mil.

Una última factura localizada fue la 012, expedida en julio de 1992 por la cifra de siete mil pesos.

ERA LA MISMA MAQUINARIA

Una vez que terminó la administración de Genaro y su banda, las nuevas autoridades, a través de su tesorero, Agustín González Garcés, informaron con fecha 12 de diciembre de 1994, que en efecto dichas facturas se pagaron con dinero público, pero los anteriores funcionarios no dejaron más antecedentes.

La banda trató de «redondear» todo, pues incluso las pólizas de diario de los recursos autopagados, fueron enviadas a la entonces Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado para cumplir con la exigencia de Ley.

Pero se les olvidó algo: Las facturas de la maquinaria, o cuando menos alguna copia, jamás ingresaron o fueron puestas a nombre del ayuntamiento, y menos se hizo inventario como propiedad pública.

Para que no hubiera lugar a dudas de la distracción de los bienes, los investigadores hicieron una inspección ocular al domicilio de Jesús Antonio Hernández, en la que se encontró una máquina retroexcavadora modelo 416-5PC12850, misma cuya factura fue expedida por Madisa con fecha once de marzo de 1991 a nombre de J. Antonio Hernández Guerrero y/o licenciado Ignacio Lara Rodríguez y/o Juan Genaro de la Portilla Narváez.

Es decir, la máquina salió de la agencia en marzo, y para julio ya estaban cobrando los primeros 25 mil nuevos pesos por la autorrenta al municipio.

Durante la inspección ocular, Guerrero siempre dijo que las facturas se las habían endosado a su nombre, pero él jamás invirtió, pero que tampoco cobró, pues los cheques los endosaba a Ignacio Lara Rodríguez y a Juan Genaro, como también lo hacía Rubén Darío, el empleado de nóminas de la Tesorería.

Luego de permanecer en la cárcel, a mediados de 1998 lo sacó el entonces candidato  la gubernatura, Tomás Yarrington Ruvalcaba, para hacerlo alcalde y más tarde diputado otra vez.

Este es el individuo, Juan Genaro de la Portilla, quien busca una vez más la diputación por Altamira y se promueve por muy diversos lugares.

http://www.janambre.com.mx

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