Cuestión pública

Feb 22nd, 2011 | By | Category: Editoriales

Luis Lauro Carrillo.

AFFAIRE DE FLORENCE CASSEZ.

Florence Cassez es la ciudadana francesa, sentenciada a 60 años de prisión por el delito secuestro y otros crímenes, es objeto de un orquestado linchamiento publico por la mayoría de los medios de comunicación,” lideres” de opinión  y de “dirigentes de organizaciones civiles, siendo considerada por estos como la manzana de la discordia entre México y Francia.

Los activistas orgánicos como Isabel Miranda de Wallace de Alto al Secuestro, Alejandro Martí de México SOS, María Elena Morera México de Unido Contra la Delincuencia, y Marcos Fastlicht de Consejeros de participación cívica, cual grupos de presión publicaron carta exhortando al Poder Judicial federal y al gobierno mexicano “no ceda ante las presiones del gobierno francés en lo que refiere al caso de Florence Cassez”.

El presidente francés, Nicolás Sarkozy y su gente están indignados porque a Florence Cassez un día después de su detención le armaron un montaje mediático, como si fuera en tiempo real su detención, coordinado y dirigido por el hoy  titular de la Secretaria de Seguridad Publica Genaro García Luna para la televisión.

Culpable o no, la irregularidad del montaje y otras graves inconsistencias procesales puso en entredicho la sentencia de 60 años de cárcel para Cassez, considerada en Francia y en algunos defensores de Derechos humanos y foros  jurídicos mexicanos como excesiva y deplorable.

Al margen de que Sarkozy, registre el momento más bajo de popularidad, tiene la obligación de defender a sus conciudadanos, como lo hizo Vicente Fox en 2002 con Javier Suárez Medina condenado a muerte por homicidio en el estado de Texas.

De ahí que el presidente galo defiende a Cassez hasta el grado de dedicarle  el Año de México en Francia, a su compatriota en desgracia, aun en el extremo de poner en riesgo las relaciones diplomáticas entre México y Francia.

A los panistas y a los medios les dio pavor que Sarkozy haya decidido confrontar a al presidente Felipe Calderón y que en Francia empiecen a protestar contra el michoacano, conflicto que pudo haberse evitado si de entrada hubieran renunciado a García Luna. No lo hicieron. Ahora tienen un problema diplomático grave.

De acuerdo a constancias procesales cuya copia obra en poder de cuestión publica, el proceso penal está plagado de inconsistencias, contradicciones e irregularidades, donde la francesa no es identificada  en un primer momento por sus víctimas.

Luego  el cambio radical en las declaraciones de los secuestrados se dio días después de que en un programa de televisión se descubrió que la detención fue un montaje.

En su ampliación, ambas “victimas” Cristina Ríos Valladares su hijo Christian Hilario Ramírez Ríos empiezan a recordar súbitamente dos meses después de su primera declaración la presencia de una mujer en su narración, de mechón de pelo rubio y que habla con acento extranjero.

La sentencia condenatoria confirmada por el séptimo tribunal colegiado en materia penal, no se basa en un juicio razonado y crítico, ya que se violentó el principio de inmediatez procesal, pasó por alto las pruebas  de descargo, desatendió las contradicciones inherentes a la versión del Ministerio Público y toleró sus flagrantes irregularidades de su  conducta procesal.

En la citada resolución también se paso por alto la declaración Israel Vallarta Cisneros quien en su declaración ministerial del nueve de diciembre del dos mil cinco, afirmó: “ella(Cassez) no estaba enterada de las personas que tenía secuestradas dentro de mi casa ni participó en ninguno de los secuestros que he narrado”.

Los derechos humanos a la presunción de inocencia, la prohibición de incomunicación, el derecho al debido proceso legal, el derecho a contar con una defensa oportuna y adecuada, el derecho a contar con asistencia consular, a contar con un traductor competente, y el derecho a que la investigación sea imparcial, objetiva y legal fueron pasados por alto por el Ministerio Público.

Aun cuando la justicia mexicana ya se pronunció, decretando el caso de Cassez como cosa juzgada por ser  por una sentencia definitiva, la presión  de  Sarkozy se incrementa y grupos de derechos humanos franceses canadienses y mexicanos se incrementa.

En definitiva  a Florence Cassez Jurídicamente solo le que quedan agotar en México dos en recursos: la petición de indulto ante el ejecutivo federal, cosa que se antoja imposible  y el reconocimiento de su inocencia ante la Suprema Corte de Justicia, independientemente de la presión política de organismos internacionales de derechos humanos o un fallo de la Corte Internacional de Justicia.

carrsot_l@hotmail.com

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