Cuestión pública

Mar 11th, 2011 | By | Category: Editoriales

Luis Lauro Carrillo.

PRESUNTO CULPABLE.

El documental “Presunto Culpable” retrata de cuerpo entero el caso de Antonio  Zúñiga Rodríguez como un ejemplo de ineficacia y corrupción del sistema de prevención del delito, procuración e impartición de justicia penal mexicano, al haber sido detenido y sentenciado a 20 años de prisión para finalmente quedar exonerado porque no había pruebas de que fuera el autor del homicidio, que aún no se esclarece.

Los hechos ocurrieron en DF en diciembre de 2005, siendo jefe de Gobierno Alejandro Encinas, Bernardo Bátiz Procurador de Justicia y Joel Ortega Secretario de Seguridad Pública  cuando detuvieron ilegalmente a José Antonio Zúñiga bajo el cargo de homicidio.

La sociedad mexicana asiste hoy a un fenómeno singular: la victoria moral que obtuvo un ciudadano encarcelado injustamente sobre el sistema judicial responsable del atropello, y su enorme resonancia mediática.

Por su parte Víctor Manuel Reyes Bravo, quien aparece en el documental, como testigo de cargo que involucró a José Antonio Zúñiga en el asesinato de Juan Carlos Reyes, promovió el juicio de amparo contra la autorización emitida por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, para la exhibición de Presunto Culpable.

Basando su demanda de amparo, por violaciones a las garantías individuales que protegen su derecho fundamental a la intimidad y a la vida privada. Argumentando que nunca dio su consentimiento para ser filmado, mucho menos para aparecer en una película.

En otras palabras, sostiene que nunca autorizó a los creadores de la cinta para que su imagen fuera exhibida públicamente, ni para que su testimonio se use comercialmente, considerando que la exhibición de su persona ante el público, lo desacredita, lo cual atenta contra su dignidad humana.

Más allá de que la autoridad judicial federal concedan o no la suspensión definitiva al quejoso, la exhibición del documental “presunto Culpable”, la estridencia mediática  ha provocado un debate que ha privilegiado el tema de la censura  en lugar del corrupto e ineficaz sistema de procuración e impartición de justicia penal en el DF y de todas las entidades federativas de  la república.

Al efecto la cinta está basada en un caso real de injusticia, que junto con el amparo Reyes Bravo o quienes están detrás de él han desnudado y exhibido la podredumbre del sistema integral de justicia del DF y de paso políticamente a Marcel Ebrard Jefe de Gobierno, ahora más preocupado por su candidatura presidencial.

José Antonio Zúñiga Rodríguez, acusado sin evidencias físicas de un homicidio calificado, habría sido impensable sin la intervención oportuna de dos abogados, Roberto Hernández y Layda Negrete, quienes lograron filmar en el Reclusorio Oriente la parte final del proceso.

Grabando de modo impecable una diligencia de careo, que reveló inconsistencias y contradicciones, cuyo registro quedó totalmente excluido de la sentencia final condenatoria.

“Presunto Culpable” denuncia la naturaleza perversa de un sistema de procuración de justicia, en el que previamente al juicio se arma un expediente que ninguna persona tiene derecho a cuestionar, cuya función es proteger a la procuraduría y volver irrelevante el juicio mismo.

El documental ofrece testimonios aún más perturbadores, como el de un policía que explica su curiosa concepción de la lucha contra el crimen: “Al acusado le tenemos que inventar delitos, o exagerar las acusaciones, para que pase más tiempo en la cárcel, de lo contrario los abogados lo sacan antes y se vuelve un peligro para la sociedad”.

Existen además policías premiados por el número de personas detenidas y acusadas, explican los abogados que realizan la cinta.

Esta corrupción generalizada es posible, porque en México prevalece la presunción de culpa, según la cual el acusado tiene que probar su inocencia, en lugar de ser la policía la encargada de probar la culpabilidad del detenido.

El documental se realizó con el propósito de revelar las corruptelas del sistema procuración e impartición de justicia del DF bajo los gobiernos perredistas, partido que se comprometió a corregir las corruptelas del sistema priísta.

Ahora el debate de fondo no es la censura sino la validez del amparo. Una cosa es que el quejoso haya conseguido eficientes abogados para formular un amparo, otra cosa es culpar al amparo y otra cosa que el sistema integral de justicia-penal del Distrito Federal no haya corregido ni un milímetro de lo denunciado.

De ahí que el jefe de gobierno del DF prefiere no solo apoyar la exhibición del documental contra “la censura”, y promover reformas para que en lo futuro se filmen los procesos penales, que ofrecer la reforma estructural del sistema denunciado en Presunto Culpable.

La estridencia ha llegado al grado tal que abogados experimentados lo mismo litigantes que figuras prominentes de la investigación jurídica y la cátedra han caído en el juego distractor  de interpretar el incidente de suspensión provisional del acto reclamado ahora revocado, como un acto de censura a la libertad de expresión, eludiendo el tema de la corrupción del sistema justicia penal en el DF y de todas las entidades federativas de  la república.

Los medios han centrado su enfoque en la censura pero cabe preguntar:

¿Dónde están los policías que detuvieron a Zúñiga, los ministeriales que lo torturaron, el ministerio público que lo indició sin garantías, los jueces que lo sentenciaron, los inútiles defensores de oficio, el Tribunal Superior de Justicia del DF, los gobernantes que prometieron cambiar el sistema judicial-penal represivo y de control social y político?

En definitiva el documental Presunto culpable al margen de los cuestionamientos legales por la autorización des su exhibición, constituye una denuncia de un caso de impunidad, corrupción e ineficacia del sistema policiaco, de procuración e impartición de justicia penal del régimen perredista en el DF.

carrsot_l@hotmail.com

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