Acusados de rateros, no de…

Nov 18th, 2016 | By | Category: Opinión Pública

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Transcurrieron los primeros 50 días del gobierno de la alternancia. Nada que altere el status quo de una entidad en que desde el 2010 “no pasa nada”.

Los vientos de cambio llegaron con una fuerte esperanza ciudadana: No ver más el “borrón y cuenta nueva” para aquellos que dispusieron a su gusto de los recursos del erario.

Sin embargo ninguna nota periodística y menos una averiguación penal ha perturbado el sueño de quienes le tiraron manotazos al presupuesto en el último sexenio. Duermen tranquilamente en la zona metropolitana regia.

Los nuevos funcionarios se han andado mucho por las ramas. No aciertan o no quieran exhibir el grado de corrupción en que estuvo sumido el gobierno egidista.

Versiones esporádicas surgen un día y quedan sepultadas al siguiente. Hablan de minucias como becas “infladas” o aviadores, pero nadie le ha entrado al tema fuerte de la construcción y las compras.

Es ahí donde estuvo –es en todos los sexenios- el agandalle del recurso, en los contratos.

Bien dice el refrán: Se les acusa de rateros, no de pendejos ¿supieron proteger tan bien sus pillerías?¿hay temor a fincarles responsabilidades?.

Tenemos a la vista denuncias del jefe estatal del CONALEP, Agustín de la Huerta Mejía, quien habla de aviadores que mantenía al administración egidista. Menciona por lo menos 80 casos. Reitera que se da el exceso de personal, algo recurrente en la burocracia.

Antes de Agustín, Doña Estela Chavira Martínez, la jefa de la Secretaría del Trabajo, había generado una “nota” mediocre a los reporteros: “Descubrió” un 15 por ciento de aviadores (no se presentaban a trabajar ni porque había cambio de jefes).

El titular del Instituto de Becas, Alejandro Porras Cervantes, también hizo una exposición de que se habían distraído pagos hasta por 25 mil pesos anuales para becas de hijos de funcionarios ¿cuánto pudieron haberse llevado los muchachos?.

Otro caso: Fernando Campos Martínez, del ITACE, comentó irregularidades en la asignación de plazas y basificación de personal a última hora (antes de irse).

Del poder legislativo, el coordinador Carlos García Goznalez habló primero de la inexistencia de escrituras del Palacio Legislativio. Luego manifestó que estaban en la secretaría de Adminsitración.

En los últimos días el Procurador Irving Barrios Mojica, dijo que ordenó la concentración de agentes de la Ministerial comisionados a la seguridad personal de los ex Gobernadores Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores.

Era algo que ya se sabía. Es más, lo tiene contemplado la Ley Estatal de Seguridad Pública, que menciona la protección “de por vida” a los ex Gobernadores.

 

La última novedad: El secretario de Desarrollo Rural, Gonzalo Alemán Migliolo, habló de irregularidades -de los que se fueron- en la sobrevaloración de sementales subastados (programas oficiales).

En resumen son los señalamientos y acusaciones de corrupción. Echándole números, son montos que no llaman la atención del respetable. Es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado.

El grueso de la comunidad quiere mejores y noticias más concretas. Una “buena” sería que la Procuraduría recibió denuncias y comienza procesos en contra de corruptos.

No pueden olvidarse las palabras del Contralor Mario Soria Landeros: “En donde se encuentren cosas malas, se va actuar conforme a Derecho. Si amerita acudir a la Procuraduría, se va acudir”.

Habló además de presupuestos inflados y que llamaría a declarar a ex funcionarios del pasado. Nada ha sucedido.

Francisco Chavira Martínez, un aliado del gobierno de los vientos del cambio, ha denunciado periodísticamente “a los corruptos y rateros” pero no aporta pruebas y menos presenta demandas.

Hay la percepción de que no se quiere llegar al centro del tema ¿cuánto se pudieron haber llevado –ilegalmente- los muchachos estudiantes del Tec de Monterrey? ¿cuánto los aviadores del Itace? ¿los del Conalep y Cobach?. La sobrevaloración de un semental bovino de raza por 25 o 50 mil pesos ¿cuánto podría acumular?.

No ha llegado la sangre al río. No hay señalamientos concretos de los grandes negocios turbios, bajo sospecha al menos, del filón principal del presupuesto del gobierno.

Y eso, eso no está más que en las compras millonarias y la contratación de obras. Son los millones que se fueron y que nadie del nuevo gobierno ha reclamado.

Hay indicios que la “familia en el poder” crearon empresas comercializadoras –algunos legales y otras fantasmas- para surtir las compras del gobierno, como los útiles escolares y las despensas para el sector social.

Por ejemplo en el ciclo 2015-16, se habrían entregado casi 650 mil kits de útiles y mochilas ¿quién surtió?. Solo comprar y revender al mismo tiempo.

Una denuncia periodística mencionó a comienzos del sexenio que en la comercialización estaban “metidos” los cuñados del Gobernador, Benítez y Heftye.

Otro rico filón para los investigadores son las compras de medicamentos a través del sector salud, y hasta los contratos para surtir alimentos a los penales.

Sería bueno que alguien se ocupara en darle seguimiento a la “desaparecida” constructora TOHESA (Torre Heytie) que luego se multiplicó en varias más que siguió manejando el mismo gerente Antonio Niño Maldonado.

No se trata de becas para muchachos ni de toros sementales o de aviadores sino de miles de millones de pesos que se asignaron ¿ilegalmente? a los intereses de los hombres del poder, la familia y los compadres. Ganaron todos a lo bárbaro y ninguno de los funcionarios del cambio ha insinuado cuando menos sospecha de delitos.

El alcalde capitalino, Oscar Almaraz Smer, arrancó el operativo de seguridad “Buen Fin 2016” en que participan Sedena, Policía Federal, Fuerza Tamaulipas, Protección Civil y Tránsito Local. Esto fue en el centro de la ciudad.

 

Por su parte el presidente de la Junta de Coordinación del Congreso del Estado, Carlos Alberto García González, anunció la expedición de la convocatoria de la medalla “Luis García de Arellano” que se otorga anualmente para honrar a hombres y mujeres que se hayan distinguido por sus servicios eminentes prestados a la Patria, el Estado o la humanidad.

El límite para hacer inscripciones vence el 28 de febrero del 2017.

 

 

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