En Tamaulipas decomisarán bienes de políticos corruptos

Mar 2nd, 2017 | By | Category: Nota del día

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La LXIII legislatura del Congreso del Estado sigue con buenos niveles de productividad en iniciativas.

Este miércoles el pleno recepcionó ocho documentos, dos de los cuales se aprobaron inmediatamente con dispensa de turno y el resto se fueron a Comisiones para su estudio y análisis.

También “estrenaron” presidenta del mes. Por marzo lo será Beda Leticia Gerardo Hernández, representante plurinominal, quien llevó al Palacio Legislativo una porra de 30 empleados del IMSS. Al ser nombrada le aplaudieron sin cesar por espacio de un minuto.

Una de las principales iniciativas, por su trascendencia, es la que presentó la bancada del PAN para incluir el delito de “enriquecimiento ilícito” en los motivos de decomiso de bienes muebles e inmuebles a través de la Ley de Extinción de Dominio, vigente en Tamaulipas desde el 13 de junio del 2016.

En su aprobación de origen, dicha Ley solo prevé los delitos de robo de vehículo, secuestro, trata de personas y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, algo que le corresponde perseguir al fuero común.

Además, el diputado Jesús María Moreno Ibarra solicitó adiciones a la Ley de la Procuraduría de Justicia para dar lugar a las fiscalías especializadas en extinción de dominio.

Lo mismo hacer con la reglamentación del Poder Judicial, a fin de crear la figura de los jueces especializados.

Al complementar la reglamentación en la Ley, señalada en los transitorios, el aparato persecutor del delito irá sobre los bienes de quienes se enriquecieron ilícitamente, además de los otros cuatro ya señalados.

Por igual tema de seguridad, Glafiro Salinas Mendiola, del PAN, a nombre de su bancada subió iniciativa de decreto para obligar a los elementos que sirven a las empresas de seguridad privada, a que pasen los controles de evaluación y confianza de la Secretaría de Seguridad Pública.

Para ello deberán adicionarse las Leyes de Coordinación y del Sistema Estatal de Seguridad Pública, estableciendo 90 días para que los órganos de control emitan un dictamen sobre los particulares que prestan el servicio.

La seguridad ocupó también la atención del legislador Juan Carlos Córdova Espinoza, de Matamoros. A través de punto de acuerdo quiere “la inmediata reubicación de las oficinas” de esa corporación en la ciudad fronteriza.

En sus motivos alega que la representación se ubica en las calles Sexta e Iturbide, una zona comercial y habitacional de alta circulación de peatones que sufren incomodidades cuando la dependencia realiza “operativos”.

En ocasiones, comentó desde la tribuna, los elementos policiacos bloquean las calles y mantienen módulos que duran semanas con los consiguientes perjuicios, molestias y riesgos para la comunidad.

La iniciativa de punto de acuerdo fue enviada a Comisiones.

 

INVESTIGAR A GOMEZ ORTA, REPRESENTANTE EN LA ZONA SUR

 

La diputada María de la Luz del Castillo Torres, de Morena, subió a tribuna para solicitar acuerdo que exhorte al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y a la Procuraduría de Justicia, a investigar al representante del gobierno estatal en la zona sur, Miguel Angel Gómez Orta, por posibles delitos cometidos en el Distrito Federal.

Manifestó la de Morena que Gómez aparece como indiciado en una averiguación previa de la procuraduría de la Ciudad de México, por ser presunto copartícipe con Rosa Carrillo Dagda para apoderarse de un predio de un campo de futbol soccer en la delegación Coyoacán. La indagatoria incluye a Luis Ramón Espinoza Carnicero.

“En caso de que el funcionario esté involucrado, que se proceda a la remoción”, pidió la diputada en su punto de acuerdo, el cual le fue negado con dispensa de turno y se fue a Comisiones.

Víctor Manuel Meraz Padrón, de Acción Nacional, solicitó enviar exhorto a los 43 ayuntamientos para que elaboren y den vigencia a los reglamentos esenciales de la función municipal, como son los servicios públicos y la participación ciudadana y vecinal.

Con la representación del Movimiento Ciudadano, María Guadalupe Biasi Serrano pidió que abril -de cada año- sea declarado como el Mes de la Prevención del Embarazo de adolescentes.

La idea, dijo, en intensificar en ese periodo las acciones de prevención y orientación sobre las consecuencias de la concepción en menores de edad.

Merecieron aprobación inmediata del pleno los puntos de acuerdo que crean en la legislatura la Comisión de la Familia –como ordinaria-, y la reintegración del Comité de Transparencia del propio Poder Legislativo.

 

CUENTAS DE TULA RUMBO A LA PROCURADURIA

 

El pleno aprobó positivas 18 cuentas públicas de ayuntamientos y Comapas, y negó el visto bueno a la 2015 del ayuntamiento de Tula y la Comisión de Agua Potable de allá mismo.

Pasaron la fiscalización ocho municipios: Aldama, Guerrero Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán y Miquihuana.

La votación fue por mayoría. La representante de Morena se abstuvo por considerar que “el gasto por servicios personales –de los ayuntamientos- es inapropiado” y puso como ejemplo que, en Aldama, se gastaron en el 2015 hasta 22 millones de pesos en ese renglón, de un presupuesto de 93 millones.

Los priístas se sumaron a la mayoría panista y tampoco objetaron que la cuenta del ex alcalde tulteco, Juan Andrés Díaz Cruz, sea turnada a la Procuraduría de Justicia.

A esta plenaria faltaron tres diputados: Carlos Morris Torre, Nohemí Estrella Leal y Ciro Hernández Arteaga

 

 

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