Canonizar a un bandido

Mar 7th, 2017 | By | Category: Opinión Pública

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La versión dice que presentará su renuncia. Por fin se retira a cuidar a sus nietos el Cronista de Victoria Gustavo Adolfo García Paz, el que no cobró por su “chamba” pero tampoco hizo nada.

Para llegar a la Oficina de la Crónica fue “dedeado” por su compadre Alejandro Etienne Llano, el anterior alcalde, quien de paso le nombró un adjunto que hiciera el trabajo.

En efecto, García Paz no se para por el edificio del ayuntamiento. El que medio cumple con la función es Juan Antonio Lugo Mancilla, el adscrito.

El holgazán cobra en la Secretaría de Educación con nivel de Subdirector en el área de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Tiene 75 años pero sigue en funciones.

La semana anterior trascendió que Gustavo Adolfo, originario del rancho Las Adjuntas, municipio de Guémez, había presentado su renuncia. Es tiempo que se vaya para que deje trabajar a otros.

Fue impuesto al cabildo el 27 de noviembre del 2004 en sustitución del profesor Antonio Maldonado Guzmán, fallecido el cuatro de septiembre del 2013.

García pasará a la historia como el Cronista que no hizo historia. No se paró a la presidencia ni a cobrar porque prefirió que no le pagaran. Alguna penilla debió haber tenido embolsarse la lana del erario sin hacer nada.

Como lo quería su compadre, Etienne hizo que el cabildo designara a Lugo –cuya carrera es la de Contador Público- como “ayudante” con fecha 19 de noviembre de ese mismo 2014.

Si bien la renuncia del flojo cronista no está confirmada, en los pasillos del edificio municipal se habla ya de buscarle sucesor. Los comentarios se inclinan por alguien que sepa escribir, que le guste y esté inmerso en la historia. Que le dedique tiempo al changarro, aunque cobre.

Por la Oficina de la Crónica han pasado personajes pintorescos como el médico Egidio Torre López, quien lo fue en el trienio 1990-92 y también renunció.

En la memoria histórica de la capital solo registran trabajo los profesores Vidal Efrén Covián y Antonio Maldonado, ya fallecidos. Cada quien en su tiempo tenían el título de Cronistas Vitalicio.

De la región semiárida de Tamaulipas nos mandan un comentario: En la Auditoría Superior del Congreso del Estado también hay corrupción, y mucha.

De otra forma no se entiende que Don Miguel Salman Alvarez, ahora ex jefe de la misma, haya calificado como “blanca palomita” a un pillo de siete suelas como lo fue Baltazar Vargas Rangel en la alcaldía de Miquihuana, emanado de las siglas del PAN.

En noviembre pasado, Don Miguel mandó a la Comisión de Auditoría el resumen de revisión para la cuenta 2015 en que poco faltó para que canonizara al pillo edil.

A esta colaboración llegó información de que no solo necesita cárcel el tulteco Juan Andrés Díaz Cruz, quien se “carranceó” 19 millones de pesillos. El otro, dicen, no se llevó el edifico de la Presidencia porque no pudo cargarlo.

 

Al finalizar –no fue a entregar a su sucesora- el periodo por el que fue electo, él y su esposa Edelina Rodríguez Mejía huyeron del pueblo pero antes cargaron hasta con los muebles de la antesala del municipio y los refrigeradores del DIF.

Baltazar, disidente de las filas tricolores, tiene tres demandas penales en la fiscalía de la PGJE en Jaumave. Contó siempre con la protección del gobierno de Egidio Torre Cantú, y ahora con más razón es influyente.

Una la presentaron supuestos beneficiados con apoyos “fantasmas” de la presidencia municipal. Estaban en la lista pero no recibieron el dinero.

Así por ejemplo, Bruno Mejía Rodríguez estaba en la lista con mil 800 pesos dizque para que viajara a ciudad Victoria a realizarse “estudios médicos”. La realidad es que no solicitó y tampoco estaba enfermo.

Lázaro Rodríguez Echeverría testificó ante la fiscalía que él tampoco recibió, ni pidió los mil 850 pesos para viajar a la capital que aparecen en el informe de gastos del ayuntamiento.

Las pillerías alcanzaron el nombre de Roberto López Tello de quien, según la información de Tesorería, se le pagaron mil 900 para cubrir gastos de hospitalización en Victoria. Ni estuvo enfermo y menos internado.

Como presuntos beneficiados con “ayudas” aparecen 380 personas que, tan solo en diciembre del 2015, suman más de 600 mil pesos.

Hasta se menciona a un varón que según cobró otros mil 800 para ir a la capital a medicarse, cuando en realidad está internado en el penal de Tula.

Los recursos salieron del programo FISMUN. A la etiqueta inicial se le quitó un candado. Ahora se permite pagar “ayudas sociales”. De eso se valieron los funcionarios.

Todo pasó por la Auditoría Superior. La semana anterior el pleno del legislativo avaló la buena marcha de la cuenta 2015 de Miquihuana.

En las pillerías están coludidos tanto el alcalde como el síndico Jesús Uriel Lumbreras Becerra y el Tesorero Roque Sánchez Carrizal.

Otro de los que fueron a la fiscalía a presentar demanda por fraude es José Antonio Vargas Verdines, del que aparece que el cinco de diciembre del 2014 recibió 800 pesos en efectivo para estudios médicos, lo que es totalmente falso, dijo.

En papeles se afirma que Lázaro Córdoba Muñiz cobró mil pesos “para comprar medicamento”, y más y más personas que desmintieron al alcalde.

Otra demanda penal fue interpuesta por la regidora María Elena Rodríguez Rodríguez, quien señala que el presidente Vargas Rangel y sus colaboradores le falsificaron su firma para cometer pillerías.

La última querella es por amenazar de muerte a la señora Karla Gabriela Hernández Castillo y su familia. Como coludidos están Jorge Alfredo Rodríguez, alias El Gordo; Juan Genaro Rodríguez Vázquez, auxiliar de Protección Civil, y José Wario Puente, también empleado del ayuntamiento.

Poco faltó, nos dice el documento que recibimos, para que la Auditoría Superior canonizara al bandido.

En temas más amables, hay que decir que la UAT fortalece la investigación y formación de expertos en ciencias forenses y criminalísticas, a través de cuerpos académicos y programas educativos acreditados por su calidad a nivel nacional.

La Unidad Académica de Reynosa Aztlán (UAMRA) enfoca sus líneas de investigación relacionadas con problemas sociales y de migración; ciencias forenses y criminología, legislación e impartición de justicia, explicó la doctora Karla Villarreal Sotelo, Jefa de Estudios de Posgrado e Investigación de la institución.

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