Lo del agua, al agua

Abr 12th, 2017 | By | Category: Opinión Pública

 

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Comenzaron a llegar recursos frescos procedentes del gobierno federal, dentro de los convenios que ya firmó la administración de los vientos del cambio.

Una cifra muy respetable, 265 millones de pesos, se invertirán en el renglón de seguridad pública.  A ellos se sumarán  66.4 millones del gobierno del estado, que representan el 25 por ciento del convenio. Tienen que aplicarse antes del 31 de diciembre del presente.

Proceden del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal ejercicio 2017,  según el presupuesto de egresos de la federación. En total 332 millones que son muy buenos para estos tiempos.

Es el tradicional convenio de la federación con nuestra entidad. En esta ocasión lo firmaron el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos.

Llegó también dinero del convenio de Tamaulipas con la SAGARPA. Son 95.8 millones del programa de sanidades 2017 (sanidad e inocuidad agroalimentaria). El estado aportará algo así como 20 millones para dar la suma de 115.8 millones que representan dinero nuevo para derramar en el territorio.

Se suman a cifras millonarias del convenio para Salud y programas de coinversión de la SEDESOL con la sociedad civil.

Con las experiencias de la pasada administración, estamos seguros que en esta ocasión el gobierno del PAN no dejará subejercicios. Todo el dinero que se destine a Tamaulipas será aterrizado en tiempo.

Y si hablamos de seguridad, por el Periódico Oficial del Estado nos enteramos que en la entidad operan 18 empresas que se dedican a servicios de vigilancia, la mayor parte de inmuebles y ninguna  rentan “guaruras” personales.

Faltará que, según las reformas a la Ley, cada uno de los guardias pase por el filtro de evaluación de la Secretaría de Seguridad Pública como si se tratara de personal pagado por el gobierno.

Esto es muy acertado, se necesita porque nadie puede garantizar, ahora, que en esas empresas estén refugiados delincuentes en potencia y hasta personas con antecedentes penales.

Vamos ahora con los partidos. Resulta que el Tribunal Electoral de la Federación confirmó la multa que el INE había impuesto al Partido Movimiento Ciudadano y su gerente estatal Gustavo Cárdenas Gutiérrez, por ejercer dinero del que se desconoce su procedencia.

Es más de un millón 87 mil pesos que los fiscalizadores del INE encontraron en un depósito a favor del partido, sin mencionar la procedencia. Esto durante el ejercicio  del 2016.

Cuando se pidieron las aclaraciones, los jefes del MC dijeron que la lana venía del comité nacional. Siguieron investigando y se dieron cuenta que no era verdad ¿de dónde le llegó ese dinero a Gustavo?.

La voz popular tiene sospecha de que el dinerito bien pudo llegar de la alcaldía de Matamoros cuando la jefe era Leticia Salazar Vázquez, la misma que hizo sus arreglos para que su suegra Guadalupe Biasi Serrano llegara al Congreso local por la vía plurinominal. Iba en primer lugar de la lista de esa franquicia.

Sería bueno que los auditores le escarbaran. Los partidos tienen prohibido depositar a sus cuentas montos cuyo origen se desconoce. Se pretende evitar que dinero ilícito llegue a las organizaciones políticas.

También el PRI perdió. Es que reportó más de un millón de pesos por concepto de “alimentación” para su personal. Es algo que los auditores no vincularon a las actividades y funciones de la organización política. Aplicaron multa.

Salió caro a los tricolores no haber reportado la renta de un equipo de sonido por 37 mil pesos. El fiscalizador le impuso una multa de aproximadamente el 200 por ciento del valor de esa renta.

Las anteriores resoluciones ya son definitivas, ya no tienen vuelta de hoja ni para el MC  ni para el PRI. Como quien dice, lo del agua, al agua. El dinero que llegó del erario, se regresa.

Tiene toda la razón el diputado Anto Tovar García, de Matamoros, al exigir que el nuevo titular de la Secretaría de Salud, hombre o mujer, tenga por lo menos la licenciatura en Medicina.

No se quiere repetir la triste historia de Lydia Madero García, la trabajadora social y abogada que llegó a dar lástimas y ser la burla del sector por no entender los términos que ahí se manejan.  Por el bien de Tamaulipas es necesario que así sea.

Es más, deberíamos regresar a la legislación de hace algunos años cuando para ser Secretario General de Gobierno se requería tener la carrera de abogado, lo mismo que para director de penales, y de médico para Salud.

Malamente los tiempos cambiaron. Desde la administración de Manuel Cavazos Lerma cualquier persona, profesionista o burro, puede ser el titular de la General. La economista Laura Alicia Garza lo fue con Tomás Yarrington.

En penales Tomás Yarrington modificó la Ley para que su amigo Manuel del Riego de los Santos, de oficio veterinario, fuera el jefe. Se empeñó en tenerlo ahí.

Por lo que hace a Salud, al Ley no obliga a que el secretario tenga la carrera de medicina, pero sí para dirigir la descentralizada de Servicios de Salud donde intervienen fondos federales (el gobierno del estado casi no dedica dinero a este renglón). Los jefes de ambas instancias son los mismos.

En otro tema, hay que felicitar a Gustavo Rivera Rodríguez y a Oscar Almaraz Smer, gerente de la COMPA y alcalde de Victoria, por la decisión que han tomado de reducir o cortar el servicio a miles de personas que tienen adeudos desde hace años.

Hay cientos que, sobre todo en fraccionamientos donde viven personas de alto ingreso, nunca han pagado. Otros se reconectaban inmediatamente después que las cuadrillas del organismo pasan haciendo cortes.

La instrucción es actualizar las cuentas y dejar constancia que el servicio no es gratis y deben  regularizarse.

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