Poder Judicial pide destitución del alcalde tulteco Lenin Coronado y su cabildo

Nov 5th, 2019 | By | Category: Articulos Destacados

Tula, Tamaulipas.- Peleado con el centro del poder en Ciudad Victoria, por sus desaciertos, el alcalde Lenin Coronado Posadas enfrena la disyuntiva de ser destituido junto con su cabildo, o pagar la suma de 12 millones de pesos.

Tiene una tercera alternativa, la más difícil: Regresar un terreno de 602 hectáreas que indebidamente tomaron administraciones anteriores y funcionarios corruptos se encargaron de “vender” y tomar como suyos.

Están inmiscuidos los ex alcaldes Guadalupe Govea Espinoza, Rodolfo Lara Castillo, Rigoberto García Vázquez, Juan Andrés Díaz Cruz, Cruz Walle Meza, René Lara Cisneros, Raúl Muñoz Vallejo, Antonio Leija Villarreal y el actual Coronado Posadas.

Entregaron para sí, su familia y amigos “cartas de posesión” en predios particulares ahora reclamados.

Como ya lo informó gaceta.mx, el Juzgado Segundo de Distrito exige cumplir la sentencia de amparo 2192/2015 para devolver a la familia Austin Mena –radicada en la ciudad de México- un extenso predio invadido desde 1993 y hasta nuestros días.

La orden de destitución de todo el cabildo la tiene el Congreso del Estado, como órgano competente.

Es el último paso de la justicia federal para hacer valer su resolución, luego de multar al alcalde y a la síndica Francisca García Hernández, quienes hicieron caso omiso de restituir el predio inmediatamente.

La gota que derramó el vaso –enojo de la familia Mena-, fue cuando a finales del 2015 el Gobernador Egidio Torre Cantú fue a inaugurar el Parque San Antonio y una cruz gigante (metálica) como puntos atractivos para el turismo del Pueblo Mágico.

Esta última no pudo ser instalada –ahí se encuentra arrumbada- porque el Cerro de la Cruz ya tenía dueño: Saúl Muñoz Vallejo, ex alcalde que, en su administración, con su firma, le otorgó una carta de posesión a su suegra.

Con fecha siete de diciembre del 2015 a través de sus abogados en la capital de Tamaulipas, la familia presentó demanda en contra del Cabildo y el Congreso del Estado por despojo y daños en propiedad.

En los días previos, maquinaria del Gobierno del Estado y personal del ayuntamiento habían destruido el rancho de los Mena.

 

DIPUTADOS COLUDIDOS EN LA HISTORIA DEL DESPOJO

 

La historia comenzó más atrás.

El 13 de mayo de 1993 el cabildo de entonces acordó “regularizar” terrenos que ya tenían familias en posesión en los barrios Las Trojes y El Jicote.

Un acuerdo más del Cabildo se dio el 16 de febrero de 1995 para pedirle al Sipobladur (Sistema para el Integración de la Población al Desarrollo Urbano) que legalizara la afectación a la quinta El Retiro, que incluía todo el cerro, desde el río Tula a la carretera a Victoria, frente al panteón municipal.

Con fecha 13 de mayo de 1995 el Congreso emitió el decreto 322 otorgando permiso al ayuntamiento de legalizar 602.7 hectáreas que en realidad no pertenecían a la hacienda pública sino a la familia Mena.

Lo que no está claro es si el decreto se publicó en el Periódico Oficial del Estado.

Según los convenios “de facto” entre las autoridades de aquella época, los dueños estuvieron de acuerdo en “donar” una parte siempre y cuando la invasión se parara, lo cual no sucedió ni en esa ni las siguientes administraciones.

En el ciclo del alcalde Juan Andrés Díaz Cruz, hizo correr la versión que había “comprado” para construir el parque y dotar de patrimonio a cientos de personas, entre ellos a Micaela Chaires Lara, integrante del cabildo, quien se hizo de una hectárea que loteó y vendió.

El síndico Remigio Sánchez se encargó de vender más cartas de posesión y tomar para sí.

A la ex diputada y ahora funcionaria del IMSS a nivel nacional, Gisela Lara Saldaña, se le señala de haber “agandallado” hasta diez hectáreas.

Uno de los cabecillas de la invasión es Maximino Barrón, quien dice representar a un promedio de mil personas y afirma que están en vías de titulación

 

PAGA $10 MILLONES O LA DESTITUCION

 

El juicio duró varios años hasta que finalmente el 15 de marzo del 2018, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito otorgó el amparo para que el ayuntamiento de Tula reintegre el predio o pague.

Aunque el asunto se maneja con mucho sigilo por parte del bufete de abogados Martínez Moreno, se sabe que la cantidad a pagar es de 12 millones de pesos en que ha sido valuada la propiedad.

También se corren varias cifras en hectáreas, sin embargo el decreto de los diputados señala 602 hectáreas que cubren todo frente al panteón y el conocido como Cerro de la Cruz, Arroyo Socado, ejido Tula, río Tula y la carretera México Cd. Victoria, propiedad de María del Carmen de Austin.

La invasión abarca decenas de construcciones en que los alcaldes vendieron “cartas de posesión” o ellos mismo se quedaron con solares, lo que complicará el desalojo para devolver a la propietaria lo que le corresponde como lo reclama el Juez José Guerrero Durán.

 

El Congreso del Estado, a petición de la justicia federal, deberá dar el paso para destituir al cabildo tulteco por incumplimiento de sentencia judicial. Es la exigencia de los abogados.

 

 

 

 

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