Prohibido citar a los ex alcaldes

Jul 22nd, 2020 | By | Category: Opinión Pública

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ya no entiende uno cuales son las atribuciones de cada dependencia del gobierno estatal, en este caso las que se encargan de perseguir a los pillastres de “cuello blanco”.

Sabíamos que la Contraloría se encarga de varios temas y otro tanto la Auditoría Superior, y entre sus funciones está turnar ante la Fiscalía Anticorrupción cuando sospechan de algún delito.

 Ahora vemos a Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Finanzas, que es la que se encarga de anunciar los avances de la lucha anticorrupción, averiguaciones, órdenes de captura, detenidos, desviación de recursos y empresas “fantasmas”.

Es bueno y saludable para la vigilancia y aplicación honesta de los dineros públicos. Entre más instituciones y personas tengan a su cargo amarrar las manos a los bandidos, mejor. Serán más eficientes y que no se les “pelen” por desvanecimiento de pruebas, como lo vimos en otros gobiernos.

El ejemplo más conocido y “manoseado” es el de Pedro Hernández Carrizales, ex jefe de la Sedesol estatal con Manuel Cavazos Lerma, enviado a prisión por Tomás Yarrington Ruvalcaba por motivos reales que siguen guardados.

La Contralora Aida Acuña Cruz duró un año “investigando” las corruptelas en la construcción de la carretera Rumbo Nuevo. Al final envió a la entonces Procuraduría cinco expedientes que involucraban a tres ex funcionarios y tres contratistas en la distracción de millones.

Reunieron información y pruebas, entrevistaron a 35 empresarios y cotejaron datos en un expediente de cuatro mil 150 páginas de trabajo infructuoso.

En agosto del año 2000 el procurador Eduardo Garza Rivas dijo que en los siguientes días citaría a declarar al ex Gobernador Manuel Cavazos Lerma, algo que no ocurrió.

Ya había citado al Subsecretario de Obras, Manuel Durán, por medio de edictos “en virtud de ignorar su domicilio”, lo mismo que a un “perra flaca” llamado Adrián Zúñiga Castillo.

Al ser capturado, Pedro alcanzó a decir ante la prensa: “Yo no me mandaba solo”, y las pruebas se desvanecieron. Le hicieron cargos por 140 millones de pesos sin derecho a fianza. Al último quedó en 50 mil de reparación del daño.

El fiscal pidió pena de dos a seis años de cárcel. El juez lo condenó a tres y seis meses y el pago de los 50 mil. Salió libre el 12 de julio del 2002 por las puerta grande de Tamatán.

Es deseable que no pase lo mismo con Cristóbal, el Subsecretario que Inteligencia Financiera exhibe como su primer “trofeo” mayor.

Que no diga que no se mandaba solo y con ello se le abran las puertas del penal.

En la historia reciente otro preso “de categoría” fue Mario Ruiz Pachuca, en su tiempo Jefe de Asesores y Prensa del Gobernador Eugenio Hernández Flores, quien también salió libre y sin culpa.

Su situación fue diferente. No hubo sustracción de dinero. Las acusaciones fueron por “secuestro, tortura y asociación delictuosa”. Dejó el penal por “desvanecimiento” de datos el 22 de diciembre del 2012.

Que no pase con el joven Rosales y cómplices. Para eso hay personal de cuatro dependencias con el suficiente celo del ejercicio de su responsabilidad. Nadie que lo merezca debe estar fuera de la cárcel (aunque haya necesidad de construir más espacios).

Sabemos que la Fiscalía Anticorrupción procesó al ex Tesorero de Tampico, Edgar Animas del Angel, y a Juan Berrios García,  de Servicios Primarios, pero su jefa la presidenta Magdalena Peraza Guerra no ha recibido siquiera una palabra fuerte.

Los procesaron por cantidades que dan risa: Dos millones 604 mil pesos.

Ahí mismo en Tampico, el jefe Castro Ormaechea enjuició al ex titular del Rastro Municipal y su segunda de abordo, Ave Americus Schwarz y María Eugenia Ruiz, por peculado, una cantidad similar, pero que se sepa tampoco han tocado las puertas de un penal.

Doña Malena no puede ser molestada ni para aclaraciones.

En Matamoros el gerente general de la Junta de Aguas, José Luis de la Garza Meléndez, y el gerente comercial, Alfonso Vargas Cornejo, fueron “jalados” por la Fiscalía por un desvío de 4.8 melones de pesillos, pero tampoco han pisado “sombra”. La alcaldesa Leticia Salazar Vázquez ni molestada.

Y no sabía el alcalde ríobravense, Rogelio Villaseñor Sánchez, que su jefe de Catastro condonó indebidamente 6.7 millones de pesos en dos mil 158 exenciones de impuestos.

Las cifras dan risa. Es como quitarle un pelo a un gato.

Como decíamos, pareciera que los responsables de combatir la corrupción tienen prohibido citar a los ex alcaldes y otros “peces gordos”.

Hacemos votos porque el Señor ilumine a los jefes de Inteligencia Financiera, Contraloría, Auditoría Superior, Fiscalía y demás, para que formulen muy bien sus acusaciones y los pillines lleguen al penal y paguen sus culpas.

El respetable reclama información. Por ejemplo, qué pasó con “Esperanza N”, la mujer que aprovechando que era la Secretaria Particular del Director de Pagos, en Finanzas del Gobierno, cobraba el 10 por ciento para liquidar a tiempo los seguros de 200 mil pesos a deudos de los burócratas fallecidos.

Que los ilumine el Señor. Se acabó el espacio.

http://www.janambre.com.mx

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